¿Qué puede pensarse de los cambios rápidos y repentinos dentro del Ministerio de Cultura? La salida de Raquel Yrigoyen Fajardo, ex jefa del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) a sólo un mes de tomado el puesto, ha levantado suspicacias lógicas. Más aún si la ministra de Cultura, Susana Baca, informara a la prensa que se necesitaba de un persona con mejores aptitudes técnicas.

La notificación de su destitución fue publicada en el diario oficial El Peruano el jueves pasado, mediante resolución ministerial 386-2011-MC, la cual no mencionaba las razones por las que Yrigoyen fue separada de Indepa, pero sí nombraba a Gustavo Arturo Zambrano Chávez como nuevo jefe de la institución responsable de conducir el diálogo con los pueblos nativos.

¿A qué podría deberse? Es necesario indicar también que se nombró a un nuevo viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, quien relevó a Vicente Otta del mencionado cargo, y Baca justificó su salida porque debía “arreglar asuntos personales”

En el gobierno de Alan García, el Indepa, órgano que se encarga de elaborar puntos a considerar dentro de la Ley de Consulta previa, perdió su rango ministerial, motivo que es tomado muy en cuenta en el proceso de reglamentación de la Ley en mención. Esto, sumado a los presuntos desacuerdos que Yrigoyen habría tenido en el procedimiento , que devienen por pedidos de organizaciones indígenas para la restitución del instituto con sus pasadas facultades ministeriales, no pierde coherencia como para no tenerse como hipótesis.

Se destaca además que fue Yrigoyen quien anuló la opinión técnica favorable que dio Indepa durante el gobierno aprista a un Estudio de Impacto Ambiental de Pluspetrol, que indicaba que las operaciones de la empresa petrolera no iban a afectar a pueblos en aislamiento voluntario de la reserva territorial Kugapakori Nahua y Nanti, debido a que fue hecha de manera irregular pues no llevó firma de la jefafatura sino de un funcionario menor.

No sería entonces sólo decisión de Susana Baca esta distitución de funcionarios. Intereses existirían para que la Ley de Consulta Previa beneficie o demore su puesta en vigencia antes de restringir oportunidades para empresas privadas de extraer recursos naturales.

No todo es como se pinta.